Ir contra una ley de 2009, votada por el 74% de los diputados, que mejora notablemente las posibilidades de identificar a los desaparecidos.
Con argumentos de "izquierda" se llevan a cabo políticas de derecha.
Lamento que la CONADU HISTÓRICA esté entre los firmantes del pedido de inconstitucionalidad y medida cautelar.
Se sentirán orgullosos con el apoyo del juez Marinelli, de la Carrió y del perro rabioso Lanata.
Pero no vamos a retroceder. Tenemos experiencia en luchas de largo plazo por nuestros 30.000.
La CONADU HISTÓRICA y el Banco de Datos Genéticos Agosto
de 2013
Hugo Kofman
Docente Universitario, afiliado
de ADUL
Ex Secretario General de la
CONADU (1992-1994)
El
último boletín de la CONADU HISTÓRICA contiene una nota titulada “No al traslado del Banco Nacional de Datos
Genéticos”, la cual se transcribe textualmente más abajo. Luego de haber
analizado detalladamente el tema, he decidido expresar mi discrepancia con la
misma, y someter mi opinión a la consideración de otros compañeros, por
entender que se trata de un tema sensible a quienes luchan por Memoria, Verdad
y Justicia desde hace muchos años.
En
la nota se habla de un “manotazo del
gobierno nacional”, lo cual insinúa la idea de una medida intempestiva e
incluso sorpresiva. Se informa de la adhesión a acciones realizadas por un
sector de ddhh que hace hincapié en la confrontación con el gobierno nacional,
y destacan haber obtenido la firma de referentes importantes de los ddhh, entre
ellos Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que con seguridad adhirieron de buena fe.
Los carteles de los manifestantes decían “No
al desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos”.
En
esencia, nuestra entidad gremial se ha sumado a una movilización y a una presentación
judicial en la que se solicita la inconstitucionalidad y se pide una medida
cautelar contra artículos de la ley 26.548, entre ellos el que establece el traslado
de esa entidad desde el Hospital Durand a una sede especialmente construida por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También se
denuncian artículos “que restringen la
competencia del BNDG a los casos de lesa humanidad previos al 10 de diciembre
de 1983, porque excluye las causas judiciales vinculadas con desaparición
forzada de personas posteriores a esa fecha, como las de Julio López, Luciano
Arruga, Marita Verón y Daniel Solano, por citar algunos ejemplos, y las de
supresión de estado civil en casos no relacionados a la última dictadura”.
Se
afirma en la nota que esto “responde al
objetivo del gobierno nacional de convertir al BNDG en la plataforma de un
“Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales
privados”. Y se la encabeza con una ilustración que contiene la expresión “Banco Genético....Otro Negocio K con los
DD.HH.”
Antes
de entrar en el análisis de estos conceptos, se hace menester aclarar que la
ley 26.548 no apareció ahora, sino que fue
presentada y aprobada en la Cámara de Diputados con el título “Banco Nacional
de Datos Genéticos” (BNDG) en noviembre de 2009. En el Diario de Sesiones de la
Cámara de Diputados de la Nación figuran los números de la votación final: 136
votos por la afirmativa, 47 por la negativa, y 2 abstenciones. La ley fue
reglamentada el 22 de enero de 2013,
a través del Decreto N° 38, tal como le compete al Poder
Ejecutivo Nacional. Reglamentación que nadie cuestionó.
Lo
realizado durante el año 2013 por el gobierno nacional, en relación al Banco
Nacional de Datos Genéticos, no es más que la ejecución del mandato de una ley
que fue aprobada por el 74 % de los legisladores, o sea una amplia mayoría. Por
tal motivo llama la atención que luego de casi cuatro años de aprobada se la
intente suprimir y suspender de inmediato a través de una medida cautelar de
algún juez federal que se preste para ello. Ya que no se está cuestionando el
Decreto Reglamentario, sino la propia ley.
Por
supuesto que es lícito cuestionar cualquier ley y proponer su modificación o
derogación, para eso existen los mecanismos constitucionales. Pero eso requiere
del debate legislativo, ya que en el parlamento están representados todos los
ciudadanos, a través del voto popular. Pero en nuestro país parece haberse hecho
costumbre judicializar la política, realizando las operaciones políticas
en los despachos de un poder vitalicio, intocable, conservador, y supuestamente
“apolítico”. Además frenar la aplicación de leyes democráticas con simples medidas
cautelares, sin resolución sobre las cuestiones de fondo.
Cuando
se busca la opción judicial para cuestionar una ley, no hay ninguna posibilidad
de reformas, sino que lo único que se puede conseguir es volver a la situación
anterior a la ley. Cuestión que además merece ser analizada en detalle.
El tratamiento legislativo
Antes
de abordar el análisis antes planteado, es importante situarse en el momento en
que se aprobó la ley 26.548, ya que cualquiera puede acceder por Internet a los
diarios de sesiones de la Cámara de Diputados, e informarse sobre lo que se discutía
en ese momento.
La
ley fue aprobada en la 9° sesión ordinaria de esa cámara, realizada el 4 de
noviembre de 2009. Las barras estaban colmadas de militantes de Derechos
Humanos, Madres, HIJOS, Abuelas. Principalmente abuelas. Porque ese día se
trataba también el proyecto “Obtención del Acido Desoxirribonucleico”, o sea
del ADN. Concretamente se debatía si la Justicia podía autorizar que se obtenga
material genético sin consentimiento, de posibles hijos de desaparecidos que
fueron apropiados. En ese momento los hijos adoptivos de los Noble Herrera aun
se negaban a aceptar someterse a examen, ya que aun no tenían la certeza (que
luego obtendrían) de que los ADN de su familia no estaba en el banco de datos.
Se sabe que el Banco no tiene registrado todos los casos.
Es
interesante leer ese diario de sesiones, y conocer de primera mano los debates
sobre ambas leyes. Ahí se puede constatar cómo los que “hacen negocios con los
ddhh” sostuvieron con firmaza los derechos de las víctimas del Terrorismo de
Estado, y de qué manera se opusieron los que hoy exhiben discursos
“progresistas” y “democráticos” y los corren por izquierda. En ese momento sus
argumentos para defender de hecho a los apropiadores no tenían nada de
progresistas: Eugenio Burzaco (PRO), Claudia Fernanda Gil Lozano (Coalición
Cívica), Norah Susana Castaldo, (UCR), Norma Elena Morandini (Frente Cívico). etc.
El
debate sobre la Ley de Banco de Datos Genéticos fue más breve, y las distintas
fuerzas políticas se alinearon en forma similar a la del ADN. Aunque hay que
decir que entre las discrepancias expresadas, ninguna tenía nada que ver con
los cuestionamientos que ahora se hacen.
Cuales son los cuestionamientos
No es posible en un texto breve como
éste realizar un análisis pormenorizado de la Ley y su Decreto Reglamentario,
aunque se pueden puntualizar algunas cuestiones.
Respecto a la afirmación de que el
gobierno nacional persigue otros fines que los enunciados en la ley y el
decreto, tal como la asociación con empresas privadas para un fantasmal
“Instituto de Genómica Humana”, en los textos no figura nada que se le parezca,
y los críticos no aportan pruebas ni argumento alguno al respecto. Solo
acusaciones, que por lo tanto no pueden sustentar un debate serio. En realidad
lo que se establece en la normativa es el trabajo coordinado con el Equipo
Argentino de Antropología Forense e instituciones similares, para lo cual
seguramente será de mucha utilidad un mejor ordenamiento de los datos.
En cuanto a la Dependencia del
Ministerio y su sustracción del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, eso
tampoco parece ser un argumento serio. De hecho, el Banco tendrá autonomía y
autarquía, y sus funcionarios serán designados por concurso público, con pautas
muy bien explicitadas. Y a decir verdad, no parece coherente que un organismo
nacional deba depender del gobierno de una ciudad, por más que sea la CABA, ni
tampoco tener una doble dependencia. Y desde el punto de vista de la seguridad
de los datos, es difícil sostener que lo ideal es que siga compartiendo el
espacio físico con un instituto de epidemiología, como funciona actualmente en
el Hospital Durand.
Al
respecto no hay que olvidarse de la filtración de datos genéticos que les llegó
a los Noble Herrera, de una computadora sustraída del BNDG. Se sospecha que la
responsable del hecho fue la ex directora del Banco, Ana María Di Lonardo, que
luego de dejar ese cargo aceptó trabajar como Asesora de la familia Noble
Herrera. Eso les permitió ofrecer sus muestras de sangre, con los resultados
negativos de los cuales ya tenían certeza.
Finalmente, el punto que parece más impactante
de la nota afirma que la Ley y/o el Decreto representa un retroceso en relación
a la ley N° 23.511 de 1987, y que restringe el ámbito de aplicación solo a los casos de desapariciones y supresiones
de identidad en los años de la última dictadura. Sin embargo fue exactamente al
revés, ya que la ley del gobierno radical de 1987 solo abarcaba a los casos de
hijos de desaparecidos que fueron apropiados por los represores. Lleva 5
minutos buscarla en Internet y leer sus escuetos 10 artículos. En cambio la
nueva ley (26548/2009) amplió la función
del BNDG a todos los desaparecidos de esa época. Además la ley 26548 abre las
puertas a convenios con otras instituciones, entre las cuales caben
perfectamente las que investigan los casos de desapariciones posteriores
(Artículo 3, Inc. e). Leer sus 31 artículos puede insumir algunos minutos más,
pero vale la pena comparar ambas normas.
De todas maneras, si se quisieran
hacer más explícitas esas posibilidades, lo que correspondería es sentarse y
elaborar un proyecto, consensuarlo y llevarlo al tratamiento legislativo. No
hay duda que si las intensiones consisten en mejorar lo existente, seguramente
habrá buena predisposición: no derogar, sino perfeccionar. Porque si el juez al
que recurrió esta “izquierda” de DDHH accede al pedido y suspende y/o anula los
artículos principales de la ley 26548, volveremos a una ley que es mucho más
restringida.
La cuestión laboral
Quizás podría llamar la atención que
el abrazo al Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, no haya
contado con el apoyo de sus trabajadores. La razón es simple: todo el personal
del BNDG es trasladado a su nueva sede, y reencuadrado laboralmente en el
Estado Nacional, incluso con jerarquización y mejoras laborales. Cuestiones que
no se condicen con la denuncia de “desguace” de los denunciantes. En síntesis,
otro slogan vacío de contenido, al estilo que ya conocemos.
Donde nos paramos
La noche misma de la elección de las
PASO, luego de conocerse los resultados, Hermes Binner hizo un guiño importante
a la impunidad: “el Gobierno mira por el
espejito retrovisor en lugar de mirar para adelante. Queremos mirar al espejo
para el futuro”. Por supuesto que el lenguaje metafórico se presta para la
ambigüedad, pero si a eso agregamos su defensa irrestricta de los liceos
militares y la realización del desfile cívico militar del 25 de mayo de 2013 en
la provincia de Santa Fe, seguramente esa interpretación no resulta antojadiza.
Sumemos a esto las declaraciones similares de Sergio Massa, otro dirigente que ascendió
a la categoría de “ganador” bajo el paraguas mediático de Lanata y el grupo
Clarín. Ni hablar de las declaraciones previas de Elisa Carrió, De la Sota,
Duhalde. Todo lo cual nos lleva a la conclusión que el avance en el juzgamiento a los genocidas y en la
recuperación de los hijos y nietos apropiados no son un hecho irreversible,
sino un terreno de permanente diputa.
De modo que habría que analizar
cuales pueden ser las consecuencias de una política de Derechos Humanos de
oposición sistemática a las acciones de gobierno. En particular pienso que desacreditar y desgastar esa política, en base
a falsedades, no nos puede conducir a una mejor situación. Mas allá de si nos
identificamos o no con las políticas generales del actual gobierno.
Esas organizaciones que encabezan la
política de continuidad del BNDG en la órbita de la CABA macrista, se dedican a
“correr por izquierda” con el discurso, y no se pronuncian en los temas
centrales de disputa sobre Derechos Humanos. Entre ellos, el de la embestida de
la UCR y sectores afines, que intentan destituir a la Procuradora General de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, por
cometer el pecado de cubrir los huecos en la Justicia Federal con fiscales
subrogantes. Quienes están cerca de los juicios saben del rol clave que están
cumpliendo en los juicios a los genocidas, de ahí los pronunciamientos de
muchos organismos de ddhh en apoyo a Gils Carbó, y el silencio de esos sectores.
Difícil que sea producto de la casualidad o de la desinformación.
ANEXO
Del Boletín de
CONADU HISTÓRICA
9. No al traslado
del Banco Nacional de Datos Genéticos.
“PRESENTACIÓN
JUDICIAL Y ABRAZO AL BANCO
Con el apoyo de la
Mesa Ejecutiva Nacional de la CONADU HISTÓRICA y de la CTA, el pasado viernes 2 de agosto, organizaciones sociales,
sindicales y personalidades de los
derechos humanos presentaron una medida cautelar contra la transferencia del
Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a la órbita del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Su traslado del Hospital Durand - donde
funciona actualmente – a la nueva sede, responde al objetivo del gobierno
nacional de convertir al BNDG en la plataforma de un “Instituto de Genómica
Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados.
En el mismo
escrito, además, solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los
artículos de la ley 26.548 que restringen la competencia del BNDG a los casos
de lesa humanidad previos al 10 de diciembre de 1983, porque excluye las causas
judiciales vinculadas con desaparición forzada de personas posteriores a esa
fecha, como las de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón y Daniel Solano,
por citar algunos ejemplos, y las de supresión de estado civil en casos no
relacionados a la última dictadura. Los juicios de filiación común o particular
deberán recurrir - en caso de concretarse este atropello - a laboratorios
privados. Esta regresión, que viola el derecho humano elemental a la identidad
de las personas, fue el puntapié inicial del vaciamiento que ahora se pretende
consumar.
Desde que fue
creado en 1987, la responsabilidad sobre el BNDG estuvo compartida entre los
gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de Nación. Ante este manotazo del
gobierno nacional, el gobierno porteño ha mantenido un silencio cómplice.
Este reclamo contó
con el acompañamiento de luchadores de intachable trayectoria en la defensa de
los Derechos Humanos, como las Madres de
Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen y M.Esther Biscayard de Tello; las Abuelas
“Chicha” Mariani y Elsa Pavón, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez
Esquivel, entre muchos otros.”
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